La Ley Federal de 1972 y sus alcances en el siglo XXI: un nuevo paradigma en la conservación de Teotihuacan
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada el 6 de mayo de 1972 durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, constituyó un hito fundamental en la historia de la protección del patrimonio cultural mexicano. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación representó el reconocimiento explícito de que la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos son asuntos de utilidad pública e interés social y nacional, tal como lo establece su artículo 2°. Más de cinco décadas después, con su más reciente reforma publicada el 14 de noviembre de 2025, esta ley continúa siendo el principal instrumento jurídico que regula la gestión del patrimonio cultural en México.
Sin embargo, la aplicación de este marco normativo a sitios de la complejidad y magnitud de Teotihuacan plantea interrogantes que trascienden la dimensión estrictamente legal. El presente análisis propone que, si bien la ley ofrece herramientas valiosas para la protección de monumentos y zonas arqueológicas, su enfoque predominantemente orientado a la conservación de bienes aislados resulta insuficiente para responder a los desafíos contemporáneos que enfrenta uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. La transición hacia un paradigma del paisaje cultural no solo es deseable desde una perspectiva académica, sino que se convierte en una necesidad urgente para garantizar la preservación integral de Teotihuacan.
El Modelo de Conservación Aislada: Fortalezas y Limitaciones
La ley de 1972 establece con claridad que son propiedad de la nación, «inalienables e imprescriptibles», los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles (artículo 27°). Asimismo, define como monumentos arqueológicos «los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional» (artículo 28°). Esta definición, aunque amplia en términos temporales, tiende a circunscribir la protección a objetos y estructuras físicas discretas, es decir, a entidades materiales delimitadas y catalogables.
El artículo 39° define la zona de monumentos arqueológicos como «el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia». Esta conceptualización, si bien supera la visión del monumento aislado, sigue operando bajo una lógica de agregación de elementos individuales más que de comprensión sistémica del territorio. En el caso de Teotihuacan, esto se traduce en una gestión que históricamente ha privilegiado la conservación de las grandes estructuras visibles como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Calzada de los Muertos, en detrimento de la comprensión y protección del entorno territorial que les da sentido.
Este enfoque presenta limitaciones concretas y documentadas:
- Fragmentación de la gestión territorial: La delimitación de polígonos de protección no siempre corresponde con la extensión real del sistema urbano prehispánico.
- Exclusión de elementos intangibles: La ley no contempla explícitamente la protección de los valores inmateriales asociados al sitio, como las prácticas culturales de las comunidades locales.
- Tensión con el desarrollo urbano: Las comunidades asentadas en la periferia de la zona arqueológica quedan frecuentemente en una posición jurídica ambigua, sujetas a restricciones sin mecanismos claros de participación.
- Visión estática del patrimonio: La ley tiende a concebir el patrimonio como algo que debe ser «congelado» en su estado actual, en lugar de reconocer su carácter dinámico y su relación continua con las comunidades vivas.
El Paradigma del Paisaje Cultural: Una Perspectiva Necesaria
El concepto de paisaje cultural, desarrollado ampliamente en el marco de la UNESCO y la Convención del Patrimonio Mundial desde la década de 1990, propone una comprensión radicalmente distinta del patrimonio. Bajo esta perspectiva, el valor de un sitio no reside únicamente en sus estructuras físicas, sino en la interacción dinámica entre los seres humanos y su entorno natural a lo largo del tiempo. El paisaje cultural es, en esencia, la huella acumulada de la actividad humana sobre el territorio.
Aplicado a Teotihuacan, este paradigma implica reconocer que la antigua metrópoli no se reduce a las pirámides excavadas y consolidadas que reciben millones de visitantes cada año. La ciudad prehispánica abarcó en su apogeo, entre los siglos I y VII d.C., una superficie de aproximadamente 20 a 22 kilómetros cuadrados, con una población estimada de entre 100,000 y 200,000 habitantes. Su sistema de planificación urbana, sus redes hidráulicas, sus talleres de obsidiana, sus barrios de artesanos y sus zonas agrícolas constituyen un sistema territorial integrado cuya comprensión es indisociable de la de sus monumentos más emblemáticos.
La propia ley de 1972, en su artículo 2°, señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las demás instituciones culturales deberán realizar «campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos». Esta disposición puede interpretarse como una apertura hacia formas más amplias de valoración del patrimonio, que incluyan no solo el conocimiento técnico-arqueológico, sino también el reconocimiento del vínculo entre el sitio y las comunidades que lo habitan y lo significan.
La Ley como Punto de Partida, No como Límite
Es importante subrayar que la legislación vigente no es, en sí misma, un obstáculo para la adopción del paradigma del paisaje cultural. Por el contrario, ofrece elementos que pueden ser reinterpretados y ampliados en esa dirección.
El artículo 2° de la ley establece que el INAH podrá organizar o autorizar «asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación». Esta disposición, aunque originalmente concebida con un propósito defensivo, sienta las bases para una gestión participativa del patrimonio que es consustancial al enfoque del paisaje cultural. La participación comunitaria no es un complemento opcional, sino un componente estructural de cualquier estrategia de conservación que aspire a ser sostenible en el largo plazo.
Asimismo, el artículo 18° obliga al Gobierno Federal y a los organismos descentralizados a utilizar los servicios de antropólogos titulados en la realización de obras, lo que garantiza una perspectiva científica interdisciplinaria en las intervenciones sobre el territorio. Esta disposición es coherente con el enfoque del paisaje cultural, que requiere la integración de múltiples disciplinas —arqueología, antropología, geografía, ecología, urbanismo— para comprender y gestionar adecuadamente la complejidad de sitios como Teotihuacan.
Desafíos Concretos en Teotihuacan
La tensión entre el modelo de conservación aislada y el paradigma del paisaje cultural se manifiesta de manera particularmente aguda en Teotihuacan a través de varios desafíos interrelacionados.
El crecimiento urbano no planificado en los municipios de San Juan Teotihuacan y San Martín de las Pirámides ha avanzado sobre áreas de alto potencial arqueológico que no están formalmente incluidas en la zona de monumentos declarada. La ley, en su artículo 39°, protege las áreas «en que se presuma» la existencia de monumentos, pero la aplicación práctica de esta disposición requiere de recursos técnicos y humanos que frecuentemente no están disponibles.
La presión turística sobre el sitio, que recibe anualmente varios millones de visitantes, genera impactos físicos y sociales que van mucho más allá de los límites de la zona arqueológica delimitada. El paradigma del paisaje cultural propone gestionar el turismo no como una actividad externa al patrimonio, sino como una dimensión más de la relación entre el sitio y la sociedad contemporánea.
La desconexión entre las comunidades locales y la gestión del sitio es quizás el desafío más profundo. Las poblaciones que habitan en el entorno de Teotihuacan son, en muchos casos, herederas de tradiciones culturales que guardan continuidad simbólica con el pasado prehispánico. Ignorar esta dimensión viva del patrimonio en favor de una conservación exclusivamente material empobrece la comprensión del sitio y genera conflictos sociales que, a la larga, resultan contraproducentes para la propia conservación.
Hacia una Gestión Integral: Propuestas desde el Marco Legal Vigente
La transición hacia el paradigma del paisaje cultural en Teotihuacan no requiere necesariamente una reforma legislativa inmediata, aunque esta sería deseable en el mediano plazo. En el marco de la ley vigente, es posible avanzar en esta dirección a través de las siguientes vías:
- Ampliación de las declaratorias de zona de monumentos para incluir áreas de amortiguamiento que protejan el entorno territorial del sitio, haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 37°.
- Fortalecimiento de los mecanismos de participación comunitaria previstos en el artículo 2°, reconociendo a las comunidades locales como actores centrales de la gestión patrimonial.
- Coordinación interinstitucional efectiva entre el INAH, las autoridades estatales y municipales, y otras dependencias federales, tal como lo prevé el artículo 4°, para abordar de manera integral los problemas de desarrollo urbano, turismo y conservación.
- Incorporación de criterios de paisaje cultural en los planes de manejo del sitio, articulando la protección de los monumentos con la gestión del territorio circundante y el bienestar de las comunidades.
Conclusión
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 representa un logro histórico en la protección del patrimonio cultural mexicano. Su vigencia y sus sucesivas reformas hasta noviembre de 2025, demuestran la capacidad del sistema jurídico mexicano para adaptarse a nuevas realidades. Sin embargo, la complejidad de sitios como Teotihuacan exige ir más allá de la conservación de monumentos aislados y abrazar un paradigma que reconozca el carácter sistémico, territorial y vivo del patrimonio cultural.
Transitar de la conservación aislada al paradigma del paisaje cultural no implica abandonar los principios fundamentales de la ley, tales como la inalienabilidad del patrimonio arqueológico, la tutela del Estado y la sanción de conductas que lo dañen, sino enriquecerlos con una visión más amplia e integradora. Teotihuacan no es solo un conjunto de pirámides: es la expresión material de una de las civilizaciones más complejas y fascinantes de la historia humana, y su conservación plena solo será posible cuando la protejamos en toda su dimensión territorial, ambiental, social y cultural.
